Desde febrero de 2021 la AN publicó un listado de leyes que esperan aprobar para este año, de estas, al menos 5 proyectos ya recibieron el visto bueno en primera discusión en la plenaria del Parlamento y se encuentran en la fase de consulta pública para finalmente ser sancionadas.
Caracas. “Este parlamento tiene una mora de cinco años”, suele decir Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), para referirse a la situación actual del Poder Legislativo que, según él, durante los últimos cinco años, cuando era controlado por una mayoría de diputados de la oposición, “no legisló para el pueblo”.
Por ese motivo, una de las primeras cosas que Rodríguez y la nueva directiva de la AN impulsaron desde su instalación fue la elaboración de una agenda legislativa «la cual atacará los principales problemas del país», revisará leyes que, según el presidente del Parlamento, “no se habían adecuado” en los últimos cinco años.
A tres meses de haberse instalado este nuevo Parlamento, y contrario a lo que fue la promesa electoral de atender fallas en servicios públicos y solventar la crisis económica, las leyes y proyectos de ley que han aparecido en los debates parlamentarios se han enfocado en una agenda política.
Una vez se instalaron las diferentes comisiones de la asamblea, cada una tuvo la labor de presentar para la agenda legislativa un total de tres leyes que trataran los temas más importantes que requerían la atención del Poder Legislativo, estas leyes fueron compiladas en una agenda que fue aprobada el pasado 3 de marzo en la plenaria.
Se le solicitó a cada Comisión Permanente el listado de cuáles eran las prioridades de leyes nuevas o para reformar y además se le pidió al Ejecutivo y a sus órganos las propuestas que necesitaran promover para el 2021”, dijo Rodríguez en aquella sesión.
Los 35 proyectos de ley que componen la agenda que aprobó por unanimidad la AN el pasado 3 de marzo son las siguientes:
1. Ley Orgánica de Drogas.
2. Ley de Cooperación Internacional.
3. Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción.
4. Ley del Código Penal.
5. Ley del Poder Popular para Las Contralorías Regionales y Locales.
6. Reforma de la Ley de Zonas Económicas Especiales.
7. Ley de Nuevos Emprendimientos.
8. Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Hidrocarburos.
9. Ley de Reforma del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Minas.
10. Ley de Reforma del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Fronteras.
11. Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar.
12. Ley de la Gran Chamba Juvenil.
13. Ley de Reforma a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
14. Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional.
15. Ley Orgánica sobre los Derechos de la Madre Tierra.
16. Ley Orgánica para la Planificación Territorial.
17. Ley de Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
18. Ley para el Desarrollo Económico de los Pueblos Indígenas.
19. Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, Redes y Medios Electrónicos.
20. Ley del Ciberespacio.
21. Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Salud.
22. Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
23. Ley Para el Uso y Disfrute del Tiempo Libre y la Recreación.
24. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Viviente e Inmaterial.
25. Reforma de la Ley de Protección de la Familia.
26. Reforma de la Ley de Protección de Adultos y Adultas Mayores.
27. Ley de Servicios Sociales.
28. Reforma de la Ley de Aguas.
29. Ley del Gas Doméstico.
30. Elaboración de un nuevo Código de Comercio.
31. Ley de Timbres Fiscales.
32. Reforma de la Ley que Crea el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela.
33. La Ley del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.
34. Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
35. Nueva Ley que regirá a las Ciudades Comunales.

Una reforma y una derogación
A pesar de tener ya casi tres meses en funciones, la nueva AN que resultó electa el pasado 6 de diciembre de 2020 en unas elecciones polémicas y que no han sido reconocidas por decenas de países, tan solo ha llegado a sancionar dos leyes: la primera, la Ley de Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates, y la segunda la Ley Derogatoria de la Ley de la Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. Ninguno de estos instrumentos jurídicos está dentro de la agenda legislativa.
En el caso de la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates, esta ley tenía dos objetivos fundamentales expuestos por su principal promotor dentro del Parlamento, el diputado Diosdado Cabello (PSUV): servir para crear una Comisión Permanente para la Comuna y adecuar la cantidad de diputados que conforman las comisiones del Poder Legislativo, esto en vista de que el número de diputados de la AN pasó de 167 en 2015 a 277 en 2020 gracias a una cuestionada reforma hecha desde el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La primera discusión de este proyecto de ley se hizo el 14 de enero y para el 4 de febrero ya había sido aprobada por unanimidad por los legisladores.
Aún más rápido fue el proceso para derogar la Ley de la Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, principal obstáculo para que se lleven a cabo las “megaelecciones” que desde el chavismo se quieren realizar a finales de este 2021 y que incluirían alcaldes, gobernadores, concejales y miembros de consejos legislativos de estado.
Este proyecto de ley tuvo su primera discusión en la sesión ordinaria del 25 de febrero y, posteriormente, fue aprobada, de nuevo por unanimidad, en la sesión del pasado 2 de marzo.

Cinco proyecto de leyes ya aprobados
El mismo 2 de marzo se aprobaron en primera discusión dos de los cinco proyectos de ley que se encuentran actualmente en consulta y a la espera de ser sancionados por el Parlamento: el proyecto de Ley de reforma de la Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, y el proyecto de ley de reforma de la Ley de Drogas.
Ninguno de estos proyectos de ley fue hecho público por el Parlamento, algo que se repite en cada una de las 35 leyes que conforman su agenda legislativa. Sin embargo, a través de los debates que se hacen en el Palacio Federal Legislativo se ha podido tener detalles sobre qué temas tocaría cada instrumento legal que ha sido presentado.
En el caso de la ley de reforma de la Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, el diputado Pedro Infante (PSUV), presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, informó que se modificarán 32 artículos de la norma vigente y se agregarán 12 nuevos.
Infante explicó que esta reforma permitiría “definir nuevas formas de violencia contra la mujer” como el ciberacoso a través de medios electrónicos y redes sociales. Además dijo que se incluyen penas para la violencia étnica y cultural, y la violencia política. Además, se agregarán “aspectos para fortalecer la educación en materia de igualdad de género”.
Con respecto al proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Drogas, su contenido es mucho más opaco ya que durante el debate no se explicó exactamente qué cambios se le harían a la normativa vigente y, en cambio, lo que se expuso fue retórica gubernamental señalando a Venezuela como “víctima” de agresiones por parte de políticas de “asedio” de Estados Unidos y Colombia.
Es una inmensa hipocresía que el principal productor de drogas del planeta -que es Colombia- y el que se mete esa droga y su principal consumidor (EE. UU), señalen a Venezuela como país de narcotráfico«, dijo Rodríguez en aquella sesión.
Los tres proyectos de ley restantes que ya fueron aprobados en primera discusión son la Ley de Chamba Juvenil y Ley de Ciudades Comunales, ambos en la sesión del 11 de marzo, y la Ley Orgánica para la Protección y Atención Integral de los Adultos Mayores, en la sesión del 16 de marzo.
Proyecto de Ley de Chamba Juvenil
La Ley de Chamba Juvenil es una normativa compuesta por 30 artículos que busca delimitar los beneficios y la normativa que rige la aplicación de este programa social para los jóvenes venezolanos que estén inscritos.
Esta ley establece mecanismos para la integración a los sectores de trabajo público y privado para los jóvenes inscritos (artículo 10), así como normativas para la formación de los participantes de Chamba Juvenil (artículo 13). De igual forma, se establece un sistema de “acreditación” para dar constancia a los jóvenes que tengan “conocimiento suficiente” en algún arte u oficio, algo que recaerá sobre el Ejecutivo Nacional a través de los ministerios (artículo 15).
En relación con el financiamiento, se establece que los inscritos en Chamba Juvenil podrán recibir financiamiento a través del programa gubernamental Soy Joven (artículo 20), y que recibirán apoyo para labores de producción agropecuaria (artículo 21) y manejo de criptoactivos (artículo 22).
De igual forma, se establece un mecanismo de articulación con el programa Vivienda Joven para que los beneficiarios de Chamba Juvenil puedan recibir viviendas por parte del Estado (artículo 24).
Para la implementación de todo esto se crearán dos organismos: un Estado Mayor de la Gran Misión Chamba Juvenil (artículo 26), encargado de orientar y organizar las acciones de ejecución, y Consejo Presidencial de la Gran Misión Chamba Juvenil (artículo 27) que impulsará y consolidará el programa.
Proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Atención Integral de los Adultos Mayores
Este instrumento jurídico está compuesto por 57 artículos y tiene como meta “establecer el régimen de protección y atención integral de las Adultas y los Adultos Mayores, en aras de garantizar la efectiva vigencia de todos sus derechos humanos bajo los principios desarrollados en la Constitución”.
El proyecto de ley define como adulto mayor a aquellas personas con una edad de 60 años o más, y establece una serie de derechos como el de Envejecimiento Activo y Digno, es decir, el derecho a mantenerse laboralmente activos independientemente de su edad (artículo 10), el derecho a la autonomía e independencia (artículo 11), a la integración e inclusión en la sociedad (artículo 12), y a la participación en los ámbitos familiar, social y político (artículo13).
De igual forma se establecen una serie de sanciones para la violación de derechos humanos y se crea una obligación de notificar al Estado cuando se sospeche de delitos en contra de adultos mayores (artículo 34).
Proyecto de Ley de Ciudades Comunales
El proyecto de Ley de Ciudades Comunales es un instrumento que se encuentra en plena discusión popular por parte de la AN, aunque desde este organismo no se ha señalado cómo se hace esto en medio de la cuarentena radical en la que se encuentra el país.
Esta ley buscar reorganizar el Estado venezolano creando una nueva dimensión de poderes públicos: los poderes comunales, los cuales tendrán sus equivalencias a nivel Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral, como lo tiene el Poder Público Nacional.
Se crea una nueva organización territorial a través de los consejos comunales y las comunas (artículos 3 y 4), los cuales formarán parte de un sistema de administración “descentralizado y desconcentrado” (artículo 11), lo que significa que tendrán una serie de competencias otorgadas a ellos por parte del Ejecutivo Nacional.
De igual forma, se garantiza que cada una de estas nuevas divisiones administrativas tendrá su propio financiamiento por parte del Estado (artículo 12) para desarrollar una serie de proyectos con “autonomía relativa” (artículo 15).