La profundización de la crisis política venezolana generó en los últimos días una nueva situación rocambolesca que, ante los ojos de quienes no siguen con atención el derrotero hacia el abismo de la nación caribeña, puede resultar algo confusa. El 10 de enero, Nicolás Maduro reasumió como Presidente de la República Bolivariana por un nuevo período de seis años, publica Infobae en reportaje especial que reproducimos.

La cuestionada legitimidad de su permanencia en el Palacio de Miraflores emanaba de los comicios del 20 de mayo de 2018, que la oposición, observadores internacionales y la mayoría de las democracias occidentales habían declarado inválidos. En ese contexto, el miércoles 23 de enero, ante una multitud que salió a las calles de Caracas para protestar contra el régimen chavista, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, alegó que el nuevo mandato de Maduro estaba viciado de origen y por lo tanto la Presidencia se encontraba vacante. Así las cosas, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución venezolana, le correspondía asumir las responsabilidades del Poder Ejecutivo de manera interina para convocar a elecciones libres y restaurar el sistema democrático.

La mayoría de los países de América y la Unión Europea reconocieron en los días siguientes a Guaidó como única autoridad legal de Venezuela. En respaldo de Maduro sólo se expresaron autócratas como Vladimir Putin y Recep Erdogan, los pocos gobiernos amigos que le quedan en la región (Bolivia, Cuba y Nicaragua) y fuerzas políticas aliadas como el PT de Brasil y el kirchnerismo en Argentina, cuyos voceros salieron a revindicar al sucesor de Hugo Chávez como único presidente “democrático” y “legítimo” y calificar la proclamación de Guaidó como un “golpe de Estado”.

Si el debate sobre cuál es la salida más satisfactoria para el descalabro venezolano está abierto, calificar las elecciones de 2018 como transparentes, democráticas o legítimas parece un exceso inadmisible para cualquiera que respete el estado de derecho. En algunos casos, ocurre por cinismo o pura especulación política. En otros, por simple ignorancia.

Para quienes puedan haber estado distraídos y -más allá de la catástrofe económica y el exilio de millones de venezolanos en los últimos años- tengan dudas sobre las características del régimen bolivariano y la legitimidad de su líder para ejercer el gobierno, aquí un breve resumen del proceso que llevó a la reelección de Maduro.

Persecución y deslegitimación de los poderes del Estado

Cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, el régimen chavista, ya en plena crisis, percibió que la única manera de que el poder no se le escurriera entre las manos sería redoblando la represión y consolidando en su puño todos los resortes del Estado.

En la noche del 23 de diciembre, antes de entregar el control de la Legislatura y mediante un procedimiento exprés que violó todos las reglas, la entonces mayoría chavista de la Asamblea modificó por completo la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la designación de 13 jueces titulares y 21 suplentes leales a Maduro. Comenzó entonces una pulseada de poderes.

Apenas asumieron los nuevos legisladores, la mayoría opositora anuló las designaciones de jueces realizadas por sus antecesores. Enseguida, los flamantes magistrados supremos replicaron con un fallo de invalidez de los resultados electorales en el Amazonas y ordenaron no juramentar a l…